Dicen los expertos en sanidad que el uso tecnológico es el auténtico motor del gasto sanitario, es decir, el culpable del crecimiento del gasto. Claro que todo el mundo comprende que el uso tecnológico, los avances en ese terreno condicionan la mejoría en la eficacia del sistema. Sin duda la incorporación de la innovación tecnológica es, no sólo inevitable, sino que también debe ser irrenunciable para el sistema sanitario público, si quiere garantizar la mejor atención posible a todos los ciudadanos españoles.

Pero ¿quiere esto decir que el sistema debe incorporar todo lo que se ofrezca como novedoso sin más?, ¿puede servir como banco de pruebas de tecnologías imprecisas o no suficientemente comprobadas? No, es evidente que no, que el uso del dinero público siempre debe ser medido, en este caso mucho más, ya que los errores pueden, además, influir en la salud de la población.

La tecnología definida en sanidad no son sólo los grandes aparatos más ó menos novedosos, sino que también lo es cualquiera de los miles de instrumentos que se usan en los hospitales y centros de salud. Y, cómo no, los medicamentos, cuyas renovación y supuesta innovación están martilleando continuamente al sistema, incrementando el gasto permanentemente.

En este escenario cualquier ciudadano pensaría que como el sistema sanitario publico es el principal, a veces único, cliente de la industria, tendría, como recoge el diccionario recientemente publicado por Manuel Seco, la sartén por el mango, condicionando buenos precios, buenos contratos de mantenimientoÉ Pero no es así, más bien parece lo contrario. Es bastante frecuente que se sustituyan medicamentos baratos por otros mas caros, y no lo es menos que se firmen contratos de mantenimiento de aparatos que no contemplan algo tan de sentido común como que las reparaciones puedan hacerse fuera de las horas de servicio o que las revisiones preventivas se hagan en fin de semana para no interrumpir los funcionamientos programados. Además, aunque parezca increíble, no existe una central de compras que permita adquisiciones para todos o al menos varios de los centros sanitarios, con el consiguiente beneficio.

Pero hay más y no menos importante, aunque existe una Agencia de Evaluación Tecnológica a nivel estatal, ésta no puede ser, lógicamente, exhaustiva y por ello sería preciso diseñar una metodología ágil y, a la vez, rigurosa, que fuera aplicable en todos los centros cada vez que se planteara la incorporación de innovaciones tecnológicas. Metodología basada, sin duda, en la evidencia científica, mostrándose refractaria a las modas y al intenso «marketing» que toda la industria despliega.

En Andalucía, desde hace unos años, sus hospitales están incorporando una metodología (GANT) a estos efectos, que parece darles buenos resultados. Ignoro si el Sespa o la Consejería de Salud están trabajando en esta dirección, si la unificación de las compras está en estudio, si hay algún departamento de ambos que esté diseñando pliegos de condiciones de compra que establezcan mantenimientos pensando más en los pacientes que en los técnicos de las empresas. Sí conocemos, sin embargo, en los centros sanitarios, las consecuencias de no avanzar en este camino: el mango de la sartén lo tienen las empresas.

Es tan claro que todo consiste en aplicar a nuestros proveedores los mismos criterios que ellos emplean con los suyos. Tan evidente como que no hay empresa de un tamaño como el que representa el sistema sanitario, y aun con muchísima menos importancia social, que no tenga sistematizado el procedimiento de incorporación de nuevas tecnologías.

En este mundo globalizado, con enormes caudales de información, con múltiples empresas interesadas en el negocio sanitario, los servicios públicos sanitarios tienen el agravante de que casi todos sus profesionales son demandadores de innovación tecnológica y si no se sistematiza su incorporación con rigor, será imposible embridar el crecimiento del gasto y, lo que es peor, éste seguirá creciendo imparable sin influir realmente en la mejora de la cantidad y calidad de los servicios sanitarios que recibe la población.